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La discusión sobre la justificación del castigo obliga al jurista a adentrarse en ámbitos de conocimiento que trascienden el marco propio de la dogmática jurídico-penal. El castigo tiene su origen y justificación en postulados filosófico-políticos, ya que es la herramienta más contundente del Estado para organizar las relaciones sociales. Se pone de manifiesto la relación entre el modelo del Estado y el fundamento y fin del ius puniendi, y su oposición entre las doctrinas del liberalismo y comunitarismo.