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Tras la muerte de Fernando VII, el régimen del Estatuto Real diseñó un nuevo marco político aceptado, en principio, por un amplio sector del liberalismo. Sin embargo, la estrechez del régimen y el peligro de involución por la irrupción del carlismo propiciaron el distanciamiento del grupo más avanzado, que planteó la necesidad de ampliar los derechos políticos. La oposición de este sector se manifestó tanto por la vía política -por medio de la lucha electoral o parlamentaria-, como por la vía instrumental -a través de los movimientos revolucionarios de 1835 o 1836-. La provincia de Alicante y sus representantes políticos jugaron un importante papel en este proceso de ruptura, que facilitó el control de la política local por el sector más dinámico de la burguesía.