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En mayo de 2014, en los ámbitos local y nacional, los medios de comunicación reportaron el fallecimiento de un joven estudiante de secundaria en Tamaulipas. Según los informes, esto fue consecuencia del bullying (González, 2014a; González, 2014c). El hecho sucede cuando poco antes, en 2013, se había promulgado en Tamaulipas la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del estado, donde se establece que todos los alumnos tienen derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (POE, 2013). Tanto el caso del joven anteriormente referido, como la aprobación de la mencionada ley, se sitúan en un contexto complejo y multifactorial en cuanto al tema de violencia se refiere. A nivel nacional, y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), México es un país altamente violento con una tasa de homicidios de 18 por cada cien mil habitantes. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en el año 2016 se registraron 20 792 averiguaciones previas y carpetas de investigación por homicidio doloso; 1128 averiguaciones previas y carpetas de investigación por secuestro; y 5240 averiguaciones previas y carpetas de investigación por extorsión (Vélez, Vélez M., Rodríguez, Rodríguez O. y Díaz, 2016).